Son 85 procesados, petición de 58 años de cárcel y obligados a pagar 60.000 euros. Ante esta situación, ofrecieron una valoración de lo que supone esta penalización de acciones de protesta pública, y llamaron «a toda la vecindad y colectivos que están hartos de tragar con la imposición municipal» a que participen en la manifestación del domingo que viene. Esta marcha, que pretende ser «un grito de rabia», saldrá a las 17.00 desde la antigua Estación de Autobuses de Iruñea.
El próximo 8 de enero tendrá lugar en la Audiencia de Nafarroa un juicio contra tres jóvenes: a uno de ellos le piden una pena de cárcel de cuatro años, mientras que para los otros dos piden dos años y medio cada uno. Según recordaron ayer, «nuestros compañeros van a ser juzgados por colgarse de una grúa para reivindicar los gaztetxes y la persecución que contra ellos se está dando. Los hechos ocurrieron el año pasado, dentro de una campaña de desobediencia civil por el derecho a tener espacios autogestionados».
Abrir debate y reflexión
Desde esta iniciativa alertaron de que «nunca hasta ahora se habían dado peticiones de cárcel tan elevadas y carentes de justificación contra el ámbito de la reivindicación social» y, por tanto, opinaron que «abre un nuevo escenario político y represivo tanto para el conjunto de movimientos sociales como para cualquier grupo social que proteste».
En esa línea, subrayaron la importancia de movimientos sociales «como motor de cambio. Siempre ha habido gente desobedeciendo para reivindicar causas que creía justas, y hoy en día son consideradas como conquistas sociales». Por tanto, señalaron que «una sociedad que reprime toda disidencia está incapacitada para evolucionar, y en cambio, la que reflexiona sobre las alternativas, avanza». Reconocieron no ser los que más sufren la represión, pero que se sienten «impotentes al constatar que cada vez nos dejan menos herramientas para hacer política en la calle».
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