Veinte jóvenes se enfrentan a una petición fiscal de 36.000 euros de multa por ocupar durante tres meses una vieja casa abandonada en la bilbaina calle Ribera. Los acusados preguntaron a la juez por qué nunca se sientan en el banquillo las instituciones que niegan un derecho básico como es la vivienda
El Juzgado Penal número 3 de Bilbo fue escenario ayer de un juicio contra veinte jóvenes imputados por un presunto «delito de usurpación» por ocupar durante tres meses el número 5 de la calle Ribera, que estaba prácticamente abandonado.
Tras la retirada previa de la acusación particular, ejercida hasta el 18 de diciembre por la promotora Hormibal SA, la Fiscalía mantuvo su petición de multa de 1.800 euros para cada uno de los acusados, a quienes se les han requerido fianzas por valor de 48.000 euros
.Mientras en la sala de vistas se celebraba el juicio, en las cercanías del Palacio de Justicia de Bilbo tuvo lugar una concentración de apoyo a los encausados, en la que participaron un centenar de personas tras una pancarta con el lema «Gaur gure eskubideak epaitzen dira». Entre ellos, un grupo escenificó el grave problema que afronta buena parte de la sociedad que no puede acceder a una vivienda.Ataviados con bata y pijama, los jóvenes establecieron su «hogar» en plena calle Berastegi ante las miradas asombradas de quienes transitaban por el lugar.
Allí, colocaron una mesa con sus sillas para desayunar y situaron un improvisado tendedero, donde colgaron varias prendas a secar.«¿Les parece normal? ¿A qué no lo es? ¿No tendrán una casa de sobra? Estamos faltos de hogar», manifestó uno de los participantes en la parodia a los transeúntes, estupefactos por la escena en pleno centro del Botxo. «Habrá que vivir en la calle», añadió el joven cuando se disponía a desayunar en plena calle en una mañana fresca.
En el improvisado «hogar» se sentaron portavoces de Bilboko Okupazio Mugimendua (BOM) para denunciar que la inmensa mayoría de la juventud «tiene que hipotecar su vida para que unos `modélicos" empresarios especulen y amasen fortunas; todo ello con el amparo de las instituciones». De éstas, dijeron que están «gobernadas por políticos corruptos que no cumplen las leyes vigentes, puesto que no garantizan el derecho básico a una vivienda, sorteándola como si de lotería se tratase».Cansados de promover movilizaciones para reivindicar ese derecho, explicaron que decidieron «pasar a la acción, adquiriendo por medio de la ocupación los derechos que se nos niegan».
Por ello, ocuparon el Día de los Inocentes de 2007 el edificio de la calle Ribera, acción que ha motivado el proceso contra los 20 jóvenes que reclaman un derecho fundamental que las instituciones no atienden.«Este juicio es un atropello»«Este juicio es un atropello e intento de criminalización para perpetuar la actual situación», denunciaron desde BOM, al tiempo que reafirmaron su compromiso de luchar sin descanso contra «todas las agresiones a los derechos fundamentales de las personas». «Seguiremos ocupando como alternativa a lo que nos imponen», concluyeron.Entre los pronunciamiento en contra de este juicio se encuentra el de la izquierda abertzale, que exige el archivo de la denuncia.
Los independentistas recordaron que en la capital vizcaina hay cerca de 12.700 vecinos apuntados en Etxebide mientras, según datos municipales, hay 14.762 pisos vacíos.En el caso del inmueble ocupado, incidieron en que llevaba 18 años abandonado y que continúa así a la espera de que se ejecute en plena crisis del ladrillo el proyecto de Hormibal, refrendado por el Ayuntamiento, de construir viviendas de lujo.
El Consejo de la Juventud de Euskal Herria mostró su solidaridad con los veinte jóvenes juzgados, denunciando que se les procese por su acción.
Este organismo reconoció asimismo a quienes ocupan edificios abandonados para poder acceder a una vivienda digna. «Queremos animar a toda la juventud a seguir aunando fuerzas y construyendo alternativas para poder garantizar el derecho a vivir en una vivienda digna», declaró.En su reflexión, el EHGK señaló que «mientras unos pocos se enriquecen desproporcionadamente a cuenta del negocio inmobiliario, a los jovenes y las jóvenes nos es casi imposible acceder a una vivienda.
Informaciones reciente -añadieron- han dado a conocer que nos vemos obligados y obligadas a invertir el 100% de nuestros sueldos en vivienda».Esta dinámica impide, en su opinión, a la mayoría de la juventud llevar a cabo «nuestros proyectos de vida de manera independiente
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